Reivindicación histórica de los títulos nobiliarios en Argentina

Miguel Fernando González Azcoaga aboga por la restitución y el reconocimiento de los títulos en Argentina, por entender su alto valor histórico y que en nada se opondrían al dictado constitucional del Art. 16 si lo entendemos en su espíritu real.



Texto: Miguel Fernando González Azcoaga (Argentina).

Los Títulos de Nobleza conforman y constituyen un reconocimiento histórico de secular tradición en el mundo. Fueron siempre otorgados por los reyes a personas destacadas por su labor, su conducta y trayectoria, especialmente en Europa. No obstante ello, el Descubrimiento, Conquista, Evangelización y Colonización del Continente Americano, salvo claras, precisas y notables excepciones, los desvinculó de la larga y secular tradición, más allá de que, especialmente en Hispanoamérica, los hijosdalgos, descendientes de solares conocidos, fueron los principales hacedores del proceso conquistador, y que vinieron segundones de casas nobles y aún nobles titulados desempeñaron cargos destacados especialmente en los Virreynatos creados para administrar en nombre del Rey de España, el extenso, rico y desconocido territorio americano.

Sucede que para 1492, y a falta de la anexión de Navarra, la España Católica estaba unificada a la sombra de Fernando e Isabel, de Castilla y Aragón, se había vencido no sólo a los moros, sino también a la nobleza levantisca que tenía en tiempos medievales un poder competitivo con la Corona y esto impulsaba a cuidar que en América no surgieran hechos similares.
En el Río de la Plata no hubieron excepciones a esta regla general, y si bien no se concedieron títulos de nobleza masivamente, no debemos olvidar que los Ortiz de Rosas lo poseyeron inicialmente (Fernando VI concedió el Condado de Poblaciones a Domingo Ortiz de Rosas, Gobernador de Chile), y que varios Virreyes de su jurisdicción los ostentaron, como Don Santiago de Liniers, I Conde de Buenos Aires, y Don Rafael de Sobremonte, III Marqués de Sobremonte, etc.
Producida la Revolución del 25 de Mayo de 1810, la Independencia Nacional de 1816 y la Asamblea de 1813, imbuidos todos de un espíritu revolucionario inspirado en factores diversos, pero en los cuales la impronta de la Revolución Francesa y la Independencia de las 13 Colonias Americanas parecieron señalar fuertemente estos acontecimientos y sus primeras leyes escritas, los títulos de nobleza que hubieran podido existir o sobrevivir en el Río de la Plata fueron suprimidos, negándose una parte importante de la historia colonial y la tradición secular peninsular. Esto acaeció de manera simultánea y por iguales influencias a lo largo y ancho de todo el territorio americano, salvo el Imperio del Brasil que desde 1822 estableció su independencia como tal y la formación de su Imperio, vigente hasta 1889.
Los intentos de dotar a estas tierras de una organización política fluctuaron entre un sistema monárquico constitucional y una republica, esta última vista con cierta desconfianza a la luz de los acontecimientos que se produjeron en Francia, defendiéndose la idea de la monarquía aún por los Padres Fundadores de la Nación como el General José de San Martin y el General Manuel Belgrano. De haberse fraguado esto, los títulos nobiliarios habrían sido reivindicados y respetados los que ya existían.
Sucesos similares ocurrirían en México, que tuvo dos imperios a lo largo de su Historia pos-revolucionaria, tiempo en el que se otorgó esta gracia, y aún en el mediterráneo Paraguay, cuyo Mariscal Presidente Don Francisco Solano López, conciliaba la idea de una monarquía constitucional aún a principios de la primera mitad del siglo XIX. También podemos citar el ejemplo de Ecuador y los sucesivos intentos que se dieron en este país de constituir un reino.


En 1853, la Constitución Nacional Argentina expresaba de manera concreta, en su artículo 16, el espíritu revolucionario a cuyo amparo surgió la Independencia, declarando que “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley… etc.”.


No obstante ello, quedaba claramente establecido que no se prohibían los títulos de nobleza, simplemente no se los reconocía como elementos distintivos para  imponer desigualdad entre los ciudadanos argentinos, tenidos todos como iguales ante el derecho y la ley, lo que resulta muy justo y cierto. Esta no prohibición se ratifica en el hecho de encontrar en la Republica Argentina, a lo largo de los doscientos años de vida republicana, la existencia de títulos de nobleza llevados por figuras célebres o miembros de familias notables (el Barón de Marchi, yerno del General Roca lo ostentaba). Hallamos entonces, numerosos casos en las historias genealógicas del patriciado argentino e incluso los títulos pontificios que la Santa Sede concediera a espectables damas de la sociedad porteña en gratitud por su desprendimiento hacia el bien común y la causa de la Vera Fe. Es la razón por la que Doña Mercedes Castellanos de Anchorena y Doña María Unzué de Alvear fueron Condesas Pontificias, o Doña María Harilaos de Olmos, Marquesa Pontificia, etc.


La restitución y el reconocimiento histórico de los títulos de nobleza en la República Argentina del siglo XXI, en nada se opondría al dictado constitucional del articulo 16 si lo entendemos en su espíritu real: el reconocimiento histórico hacia una concesión graciosa con carácter honorario como lo son los “doctorados honoris causa” que determinadas universidades otorgan a figuras sobresalientes de la sociedad, los premios y méritos, las designaciones de “ciudadanos ilustres”, o en menor grado de mérito las controvertidas “jubilaciones de privilegio” etc. Todo ello y si sólo ello fuera entendido de manera literal y absoluta, si se debiera entender como opuestos a la condición igualitaria y equitativa en la ciudadanía, ninguna de estas designaciones tendría validez real al oponerse al citado artículo constitucional.


La reivindicación histórica del uso público de los títulos de nobleza constituyen una valoración de nuestra propia historia nacional y el reconocimiento hacia nuestros orígenes pasados, sean hispano-latinos o indígenas -no debe olvidarse que en los  pueblos originarios existieron, desde los más evolucionados pueblos de Mesoamérica, hasta los menos desarrollados del Río de la Plata.


Los fragores de la revolución jacobina y radicalizada están atemperados por la razón, la libertad y el sentido común. El estado de derecho y la plena vigencia de los derechos del Hombre y el Ciudadano ratificados tras la segunda conflagración mundial y recogidos por nuestra Carta Magna, nos permite revisar nuestro pasado a la luz de la verdad en el año del Bicentenario de la Revolución.


Por lo expresado se impone y en acuerdo constitucional, el dictado de una LEY DE REIVINDICACION HISTORICA DE LOS TITULOS DE NOBLEZA EN LA REPUBLICA ARGENTINA, que no modifique, sino reafirme el Art.16 pero lo clarifique destacando que el uso de los títulos nobiliarios es de carácter exclusivamente honorario y éstos no constituyen formas o medios de quebrar la equidad ciudadana, muy por el contrario, constituyen la revalorización de una práctica de antiquísimo uso del cual somos herederos directos como hispanoamericanos.

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